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Tras críticas de FINJUS Abinader manda a retirar del Congreso Nacional proyecto de ley contra la ciberdelincuencia

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NOTICIAS CONFIRMADAS, SANTO DOMINGO. – Tras varias consideraciones presentadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el presidente Luis Abinader mandó a retirar del Congreso Nacional proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.

La información sobre el retiro del proyecto fue dada a conocer por el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien dijo que se hizo por instrucciones del presidente jefe de Estado

Según expresó, Peralta, quien dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter, la decisión fue tomada a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre libertad de expresión.

Se recuerda que el mandatario, mediante el mensaje núm. 13818, del 14 de junio de 2022, remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, con el objetivo de lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos.

Por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus componentes o sus contenidos y por otro lado, los cometidos mediante el uso de esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas o jurídicas.

Se recuerda que hace unos días, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) presentó algunas consideraciones a tomar sobre ese proyecto de ley, entre ellas  ponderar el proyecto desde una perspectiva integral procurando un instrumento normativo coherente a la diversidad y complejidad que entraña la persecución de las diversas tipologías delictivas relacionadas con el ciberdelito.

Asimismo, propuso la revisión de las penas propuestas por el Estado, los bienes jurídicos protegidos en la criminalidad informática, la adecuación en la definición de tipos penales que refieren características diferenciadas cuando entra en juego el elemento del internet, entre otros.

«Referir penas privativas de libertad para delitos tales como difamación e injuria que sean cometidos a través de sistemas de información y la internet, siendo la cuantía de la pena indicada incluso mayor a lo establecido para la comisión offline o fuera de internet de estos delitos, se traduce en un verdadero despropósito normativo, más aún cuando la tendencia comparada refiere a la caracterización eminentemente civil de la responsabilidad ulterior que corresponde al ejercicio abusivo de la libertad de expresión, al menos cuando se trate de funcionarios públicos en el marco de sus atribuciones estatales y/o gubernamentales», expresó.

 

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